Según el artículo 79 del Código Contravencional, se prohíbe exigir retribución por el cuidado de vehículos estacionados en la vía pública sin autorización legal. Esta normativa parte con el objetivo de desalentar prácticas extorsivas y garantizar el libre uso del espacio público para todos. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada en múltiples ocasiones debido a la falta de controles efectivos y a las dificultades para sancionar estas conductas de manera sostenida.
Con las elecciones legislativas programadas para el 18 de mayo, los distintos partidos políticos ya comienzan a definir a sus principales candidatos. Los porteños deberán elegir a 30 legisladores que ocuparán las bancas de la Legislatura de la Ciudad que vencen este año. A pocas semanas de los comicios, ya se confirmaron gran parte de los nombres que encabezarán las listas.
Uno de los candidatos a ocupar uno de los puestos es Pablo Testori, dirigente político argentino afiliado a Movimiento de Integración y Desarrollo que en 2023, se desempeñó como miembro de la Junta Comunal N.º 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, emerge como nuevo candidato y la regulación en la actividad de los cuidacoches forma parte de los primeros temas en la agenda.
Reformas en el Código Contravencional y mano dura contra los Trapitos
La falta de regulación sobre la actividad de los cuidacoches en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa uno de los principales problemas para los vecinos al momento de salir a la vía pública. Esto se respalda en la información brindada por Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien confirmó que ya son más de 1.000 los "trapitos" sancionados en lo que va de 2025. La búsqueda de una solución se ha convertido en uno de los temas centrales en la agenda de los candidatos a legisladores porteños de este año.
¿Cuál es tu posición respecto a la regulación de los cuidacoches o trapitos en la Ciudad de Buenos Aires?
Ya existen regulaciones porque nosotros tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe el Código Contravencional y de Faltas que es una instancia que la justicia de la ciudad, sancionada por los legisladores porteños, que se utiliza para las normas de convivencia, es decir, que prevé sanciones que son de multa, que son de arresto o de trabajo de utilidad pública. Nosotros tenemos toda una codificación. Concretamente el código existe y hay apartados que mencionan lo que nosotros llamaríamos cuidacoches.
Hay que tener en cuenta que muchas de las acciones que realizan los cuidacoches son o pudieran ser delitos, que eso ya es en una esfera de órbita de diferencia nacional, como por ejemplo el de extorsión, el de amenaza simple, el de amenaza coactiva. Todo dependiente de instancia privada.
¿Creés que el Código Contravencional actual es insuficiente para abordar esta problemática? ¿Qué modificaciones impulsarías en caso de asumir como legislador?
No. Nuestro bloque parlamentario en la ciudad presentó el año pasado una reformulación de las condiciones para que puedan ser sancionados los pedacoches, es decir, en las circunstancias, ampliándose no solamente a eventos deportivos o de concurrencia masiva sino de hacerlo general, como una acción tipificada en el código contravencional y ampliar las sanciones a arresto, no en multas que son realmente muy permisivas, que van desde los $2000.
¿Qué medidas concretas propondrías desde la Legislatura para prevenir situaciones de extorsión o intimidación vinculadas a esta actividad?
En principio nosotros vamos con reformas de fondo que tienen que ver con el código procesal penal y contravencional de la ciudad, que ayudan a que todos estos delitos que son difíciles de trabajar por parte de la policía, porque de vuelta recordemos que hay un límite entre un delito y una contravención. Una contravención es de índole menor y un delito está tipificado por el código penal. El problema está que tanto las contravenciones como los delitos que se pudieran configurar con un cuidadocoche son siempre dependientes de instancia privada. ¿Qué queremos decir con esto? Que la persona tiene que denunciar al cuidacoche.
Si se avanza con una reforma, ¿qué tipo de sanciones te parecen adecuadas? ¿Multas, contravenciones, arresto u otras?
Solamente la persona que se siente amenazada puede denunciar la amenaza. Entonces hace que la gente directamente prefiera el mal menor, que sería pagarle o dejarse extorsionar en algunos casos, que tomarse el trabajo de esperar el 911 en las cuestiones administrativas que se tienen que hacer en una denuncia. Entonces nosotros vamos en el proceso de simplificación para que eso sea mucho más sencillo, para que la gente no caiga en ser víctima, sino que pueda estar con sus derechos y por otro lado en un endurecimiento de las sanciones previstas por el Código Contravencional ha llevado realmente a 30 días de arresto.
¿Qué rol creés que deberían tener el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad en la aplicación de una eventual nueva normativa?
En este caso, yo soy ex-policía de la ciudad, conozco en primera mano trabajando. Si bien yo hace años ya me fui de policía de la ciudad y me dediqué a la docencia, a la consultoría, y bueno, en la política fui electo yo en el año 2023 como comunero y ahora soy candidato a diputado. El rol que tiene que tener, como cualquier policía de prevención, es proactivo. Es decir, esperar que la situación atropelle al policía, sino que el policía tiene que estar en su área de responsabilidad con una postura proactiva, es decir, ir a conjurar el delito, reprimir el delito, prevenir el delito. Y el Ministerio Público Fiscal tiene que regular sus propios recursos de manera a el volumen mayor que se podría presentar porque hoy la gente no es que no es víctima de estas distorsiones o de estas configuraciones con respecto a los trapitos sino que simplemente no los denuncia. Por ende no se procesa y simplificando todo ese proceso y aumentando las sanciones previstas por el código contravencional probablemente tendrían más volumen de trabajo ellos van a tener que adecuarse a la demanda real que hay de justicia en la ciudad.
¿Considerás que hay voluntad política real en la Legislatura para modificar el Código Contravencional en este punto, o es un tema que suele quedar postergado?
La verdad es que todo el arco político de la mayoría de las acepciones, con salvadas excepciones de derecho, se sabe que es una problemática que a los vecinos de la ciudad le afecta, que tiene alta demanda por parte de la sociedad como política pública. El problema está en que, como en todas las circunstancias, siempre están los intentos políticos que tienen que ver con quién es el que se reditúa, de la comunicación política, de haber modificados o creado una solución a un problema. Y quiero decir con esto que todos van a querer ser públicamente los artífices de la solución del problema. Nosotros tenemos una postura que no tiene que ver con, por así decirlo, con los laureles de quién se lleva o no la ventaja de comunicarle a la ciudad que mejora una situación que era apremiante para todos.