El proyecto de Jorge Macri para endurecer las penas contra los Trapitos en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para aquellos que ofrecen servicios de cuidado de autos sin la debida autorización. Esta iniciativa tiene como objetivo modificar los artículos 91 y 92 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intención de proteger el uso libre del espacio público y mejorar la seguridad, especialmente durante eventos masivos. 

Según la reforma, quienes ofrezcan estos servicios sin autorización podrían enfrentarse a sanciones que van desde cinco hasta treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública o multas económicas. Además, se contempla la posibilidad de imponer medidas como la prohibición de acercarse al lugar donde se cometió la infracción. Si la conducta está relacionada con desigualdad de género, la pena se duplica. En casos de organización previa, la situación se agrava: los participantes pueden recibir hasta 45 días de arresto, mientras que los organizadores podrían enfrentar hasta 60 días.

El proyecto también prevé un refuerzo de la normativa cuando estas conductas ocurran durante eventos masivos, como partidos de fútbol o conciertos. Si se detectan trapitos hasta 30 cuadras del lugar del evento -desde tres horas antes hasta dos horas después de su finalización-, las penas se incrementan aún más. Esta medida busca prevenir situaciones de tensión o intimidación en áreas con alta afluencia de personas.

Una de las novedades del proyecto es que, si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución o promotor del evento, la entidad también podría ser sancionada. Las multas previstas oscilan entre cinco mil y veinte mil unidades fijas, e incluso se podría ordenar el cierre del lugar por un período de entre quince y sesenta días. 

Desafíos y obstáculos para reformar el Código Contravencional porteño: análisis con la abogada Anna Vincenti

La Dra. Anna Vincenti es una abogada especializada en derecho administrativo, matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). Además, se desempeñó como asesora del legislador porteño del PRO y presidente de la Comisión de la Legislatura de la Ciudad, Gerardo Ingaramo, entre 2008 y 2010. En esta nota, Vincenti analiza los desafíos y complejidades de modificar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, enfocándose en tres ejes principales: el proceso legislativo y las dificultades para alcanzar consensos políticos; las herramientas nuevas que incluyen los proyectos actuales para regular conductas como las de los "trapitos"; y los obstáculos prácticos que enfrentan estas reformas para su implementación efectiva en el sistema judicial.

El jefe de Gobierno Jorge Macri propuso avanzar con un proyecto para regular la actividad de los Trapitos. Desde tu mirada como abogado, ¿cuáles son los principales obstáculos legales que enfrenta una propuesta de este tipo?

El primer inconveniente que se cruza, tanto en el derecho penal como en el contravencional, es que rige el principio de tipificación de los delitos. Esto quiere decir que cualquier norma de ese tipo tiene que especificar concretamente cuál es la conducta que se va a penar. A diferencia de otras ramas del derecho, como puede ser el civil o el laboral, no es necesario que la conducta esté estrictamente establecida en la norma. En estos casos, sí: se necesita tener con precisión cuál es la conducta que se va a sancionar. Y como la actividad de los "trapitos" es una actividad que no siempre es delictiva -ya que no en todos los casos hay una extorsión o una amenaza-, como primera cuestión, nace el problema de que, aunque se sancione la conducta, esta tiene que formar parte de un delito, y no siempre ocurre.

Después, otra cuestión muy importante es la dificultad de probar esa conducta. Si uno está en la calle y recibe una amenaza o extorsión, no tiene forma de comprobarlo. Entonces, es muy difícil individualizar a la persona que lo cometió.

Por otro lado, hay posturas que podrían entenderse como más garantistas, que podrían interpretar que lo que están haciendo los trapitos es ejercer una forma de libertad de trabajo o libertad de circulación. Por lo tanto, al restringir esas conductas, algunas personas podrían pensar que va en contra de sus derechos.

¿Qué papel cumple la Legislatura porteña en este tipo de reformas? ¿Por qué cuesta tanto conseguir consenso político para modificar el Código Contravencional y qué se necesita para que pueda ser modificado?

La modificación del Código Contravencional de la Ciudad se realiza a través de la Legislatura de la Ciudad. Para eso, hay que presentar un proyecto de ley con esa propuesta de modificación. Ese proyecto va a ser analizado por las distintas comisiones, donde se evalúa el contenido, si quieren realizar modificaciones o incorporar nuevas propuestas. Es decir, no necesariamente sale a la luz el mismo proyecto que se presentó, sino que las comisiones pueden generar cambios. Después, recién entra al recinto de la Legislatura, donde los distintos legisladores van a votar, y se define por mayoría. En caso de aprobarse, se cumple la reforma.

Si bien la Legislatura porteña es más pequeña que el Congreso, la idea y los consensos son similares. Y, como pasa a nivel nacional, no siempre es fácil conseguir los consensos de los distintos bloques, con las distintas posturas de cada uno de los partidos políticos que representan a los sectores. Así que el primer inconveniente sería eso: buscar un consenso entre los diferentes partidos, que no siempre tienen las mismas ideologías.

Por supuesto que, en un proyecto donde se endurecen penas, siempre hay un costo político, porque muchas veces los que consideran que determinadas conductas tienen que ser punibles, otros consideran que esa misma pena afecta otros derechos. Entonces, dependiendo de cuál sea lo que defienda el partido —si ve como más importante que las personas puedan circular con sus automóviles de manera tranquila o estacionar sus autos sin necesidad de recibir una amenaza—, otros van a considerar más importante que esas personas que no pueden conseguir un trabajo formal puedan, de alguna forma, conseguir algún sustento trabajando en la calle.

En resumen, para conseguir cualquier modificación o aprobación de un proyecto, lo que se va a precisar son las mayorías. Si no las tiene, debido a que su partido político no las alcanza, va a necesitar que los otros bloques puedan aprobar y estén de acuerdo con ese proyecto.

¿Creés que el proyecto de Jorge Macri tiene chances reales de prosperar en el contexto actual, o considerás que va a terminar enfrentando las mismas trabas que iniciativas anteriores?

El PRO, que es el partido que presentó el proyecto, no tiene mayoría propia. Con las bancas que ellos ocupan no alcanzan a ser mayoría, por lo que sí o sí van a necesitar la aprobación y el consenso de otros partidos, como por ejemplo La Libertad Avanza o el peronismo, que ocupan más lugares. Y tal vez no todos tienen las mismas posturas como para aprobar el proyecto.

Lo que tendría a favor, dentro de este contexto, son algunas herramientas nuevas que no estaban presentes en proyectos anteriores. Tiene que ver con figuras como la prohibición de cercanía o la prohibición de concurrencia, que si bien son muy difíciles de llevar a la práctica, hoy se aplican en muchas de las nuevas normas que tenemos aprobadas, como en casos de violencia de género u otras leyes que fueron avanzando en el sentido de restringir o prevenir ciertas conductas para evitar que se conviertan en delitos. Esta es una innovación que, tal vez, hoy tiene más aceptación que en los proyectos anteriores.

Finalmente, en la práctica, y suponiendo que se llegara a aprobar el proyecto, también va a tener que sortear otros obstáculos, ya que es muy difícil llevar a cabo tanto las sanciones como las medidas preventivas de las que veníamos hablando. Aunque se apruebe el proyecto, luego tendrá un segundo obstáculo, que es cómo se implementa en la práctica y el encuentro con el sistema judicial, que muchas veces declara la inconstitucionalidad o, pese a que existe la norma, interpreta que su aplicación debe ser más leve. Es decir, aun si se aprueba el proyecto, después tendrá que superar muchos obstáculos para que ese proyecto pueda prosperar realmente en la práctica.

"Esto no cambia si no se modifica el Código Contravencional"

Entrevista anónima con un policía de la Ciudad de Buenos Aires

El sábado 12 de abril, mientras miles de personas disfrutaban de la 'Cumbia Fest' de Palermo, otro escenario se montaba a tan solo unos pocos metros de distancia. Uno mucho menos festivo, pero igual de repetido. En la esquina de la Avenida Libertador y Dorrego, un grupo de policías llevaba adelante un operativo para frenar la actividad ilegal de los Cuidacoches, conocidos popularmente como los "Trapitos".

Más allá del arduo accionar policial, y del supuesto orden momentáneo en el que lograron capturar a cada uno de los delincuentes, hay un pequeño gran detalle: la Ley. O mejor dicho, la debilidad de un código que cada vez se queda más corto frente a un fenómeno tan reiterado. La contravención que penaliza esta actividad es tan blanda que, aún cuando los detienen en una especia de 'mini cárcel' vallada en el medio de la calle, la mayoría vuelve a operar a los pocos días. Así lo reconoció uno de los oficiales que participó del operativo. Si bien accedió a hablar bajo los términos de anonimato, sus declaraciones fueron suficientes para entender la raíz del problema: la debilidad del Código Contravencional.

 -¿Bajo tu experiencia, es común la presencia de Trapitos en CABA?

Sí, muy común. Hace años que trabajan en distintos puntos de la Ciudad, siempre donde hay grandes concentraciones de gente. Fútbol, recitales, boliches… cualquier lugar que implique una oportunidad para marcar autos y pedirles plata. Hoy, por ejemplo, están acá por la Cumbia Fest de acá a unas cuadras. Son los mismos de siempre, ya les conocemos las caras. Están todos organizados, conocen los lugares, los horarios y todo.

-¿Este tipo de operativos, que parecieran ser efectivos, hace cuánto los realizan?

Hace bastante tiempo que venimos con estos operativos. En cada evento grande tratamos de tener presencia, detectar a los cuidacoches y accionar. El problema es que esto no cambia si no se modifica el Código Contravencional, no depende de nosotros. Hoy por hoy, si encontramos a un trapito lo que podemos hacer es tomar sus datos. Si reincide dentro de las 72 horas, ahí sí va a la comisaría. Pero con que se tome dos o tres días de descanso ya está ¿me entendés?, queda libre de nuevo. Lo que sería ideal es que pudiéramos demorarlos durante todo el tiempo que dura el evento en el que están molestando.

-¿Qué tengo que hacer si un Trapito me pide dinero ilegalmente?

Lo mejor que podés hacer es llamar al 911 en el momento, informás donde está el Trapito y un patrullero sale a buscarlo. También existe la posibilidad de hacer una denuncia a través de la página del Gobierno de la Ciudad.

-¿Creés que hay mafias detrás de ellos? ¿Trabajan para alguien?

En algunos casos sí. Pero acá en Palermo, en eventos de este tipo, claramente trabajan por su cuenta. La cosa es diferente en partidos de fútbol, sobre todo en canchas como la de River o Boca, ahí sí es distinto. Ahí muchas veces se conectan con las barras bravas, trabajan para ellos.

-¿Pero en definitiva cuál sería la solución?

La solución es muy clara: modificar el Código Contravencional. Hoy no hay una pena real. Lo ideal sería que, por lo menos, se pueda demorar a un Cuidacoches durante todo el evento en el que se lo encuentra actuando ilegalmente. Es así, si yo ahora agarro a uno, y ese no reincidió dentro de las pasadas 72 horas lo tengo que liberar. Pasan los días y vuelve. Y claro, nosotros no tenemos derecho a revisar cuanta plata tienen en su bolsillo. Yo a este lo tengo ahí y no tengo idea si en el pantalón tiene un millón de pesos. En definitiva se salen con la suya. 

El fin de los edictos policiales: un antes y un después en el mundo de los 'Trapitos' en CABA

El crecimiento masivo de los cuidacoches en la Ciudad de Buenos Aires se dio a partir de una reforma impuesta bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Lejos de la creencia común, la presencia de ciudacoches en CABA no es tan antigua como se imagina. Si bien los autos en Argentina existen desde las primeras décadas del siglo XX, no fue hasta fines de los 90 que los Trapitos comenzaron a aparecer en masa.

El gran cambio comenzó en 1994, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem impulsó la reforma constitucional que incorporó tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Este hecho obligó a revisar distintas prácticas de las fuerzas de seguridad, entre ellas los famosos edictos policiales, que permitían detener a personas por merodear, vagabundear o realizar cualquier escándalo en la vía pública. Aunque eran utilizados como herramienta de control social, violaban principios básicos como el derecho de defensa y la división de poderes.

La consecuencia directa llegó en 1998, cuando la Legislatura porteña sancionó el primer Código Contravencional y dejó sin efecto a los edictos. Desde ese momento, ya no era la Policía quien juzgaba conductas menores, sino un nuevo sistema judicial con jueces, fiscales y defensores. Pero claro, hubo un pequeño gran problema… Y es que muchas de las contravenciones aún no tenían penas efectivas, o bien, los nuevos tribunales todavía no estaban listos para funcionar. Esa "zona gris" legal generó un descontrol en el uso del espacio público, generando en efecto, que creciera masivamente la aparición de los Trapitos.

El aumento fue tan notorio que se volvió parte del folclore porteño. Basta con caminar por Núñez o Belgrano en día de partido de River, o por Palermo en plena noche de recital para encontrarse con decenas de personas "cuidando" autos y exigiendo una colaboración obligatoria, que puede rondar entre 5.000, 10.000 y hasta 15.000 pesos. Según datos de la ONG Defendamos Buenos Aires, en 2023 hubo más de 2.000 denuncias contra trapitos en zonas como la Bombonera, el Monumental y el Luna Park, pero solo el 1% terminó en una sanción real.

Hoy, más de dos décadas después, el problema sigue igual o peor. El Código Contravencional vigente (Ley 1.472) establece sanciones extremadamente leves para quienes 'exigen' (ya que en caso de rechazar pueden responder con violencia) dinero por cuidar autos. La Policía no puede actuar sin orden judicial, y muchos cuidacoches se escudan en la informalidad para seguir operando. Puede que, si reinciden, sean detenidos un par de horas. Pero nada más grave que eso.

Así que sí, el fin de los edictos trajo justicia en muchos aspectos, pero también abrió una puerta que, hasta ahora, nadie supo cerrar. Porque claro, reformar la Constitución Nacional no es algo de un día para el otro…