¿Hay alguna forma de sacar los Trapitos al Sol?

Pese a los intentos por sancionarlos, los cuidacoches siguen operando con impunidad. ¿Por qué no alcanza con la ley actual? ¿Qué cambios propone el Gobierno porteño?

Faltaban pocos minutos para el mediodía del sábado 1° de febrero de 2025, cuando un médico de 57 años estacionó su Volkswagen Suran gris sobre la calle Helguera al 165, en el barrio de Flores. Horas después de donar sangre, el hombre buscaba seguir en paz el transcurso de su día. Sin embargo, en ese intento, fue la víctima de una escena violenta que repercutió entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Resulta que luego de negarse a pagarle 5000 pesos a un cuidacoche (conocido popularmente como 'Trapito') que le exigía dinero por dejar el auto en la vía pública, este fue atacado brutalmente con un palo de madera. No solo se trató de un uno contra uno, sino que al Trapito, se le sumaron 'compañeros de trabajo' de la zona. De no ser por la rápida intervención de los vecinos y comerciantes de la cuadra, quienes separaron a los agresores de la víctima, el estado de salud del médico podría haber culminado en una tragedia. Pero a pesar de estar a salvo, nada quita el hecho de que terminó con múltiples cortes y golpes, ensangrentado en el Hospital Álvarez.

Un hecho que, una vez más, llegó para encender el debate que está presente hace más de 20 años: ¿cómo puede ser que estos delincuentes continúen actuando con total impunidad en plena Ciudad de Buenos Aires? La respuesta no es sencilla. Aunque desde el 2005 existe una Ley que actúa en su contra, la 1472 referida al Código Contravencional, las penas son extremadamente leves. A tal punto que horas, o incluso minutos, después de delinquir, la mayoría queda en completa condición de libertad.

Pero…¿si son tan piadosas, por qué nadie intenta modificarlas? En realidad, más que una cuestión de intención, se requiere una aprobación. En marzo pasado, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri presentó un proyecto para endurecer el Código Contravencional, con penas más duras que incluyen arresto, multas, trabajo comunitario y agravantes específicos. Sin embargo, seguimos esperando el cambio.

Para entender cada una de las dificultades, es importante comprender de raíz la problemática. Desde cómo 'trabaja' este grupo de Trapitos hasta qué dice la Ley.

Un fenómeno enquistado en el espacio público

Si bien el pedido de dinero por parte de cuidacoches se remonta a las primeras décadas del siglo XX, el fenómeno tomó fuerza a partir de 1998, cuando se derogaron los edictos policiales. Hasta ese momento, las fuerzas de seguridad tenían potestad para detener a personas por infracciones como vagancia, ebriedad o escándalo público, sin necesidad de intervención judicial. Esta capacidad de control, muchas veces ejercida con criterios de orden moral, se perdió al sancionarse el primer Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde entonces, el accionar de los denominados "trapitos" se volvió cada vez más difícil de frenar, tanto en la calle como en el plano normativo. Actualmente, las sanciones que prevé el Código Contravencional para quienes exigen dinero sin autorización son leves, lo que limita seriamente la intervención policial. Según un agente que participó en operativos recientes en Palermo, muchos de estos cuidacoches conocen perfectamente el territorio y, tras ser demorados, vuelven a operar a los pocos días. "Incluso les reconocemos las caras", confiesan desde las fuerzas de seguridad. La situación se vuelve aún más compleja porque no está permitido revisarles el dinero que llevan encima, complicando así la posibilidad de probar el delito.

Ante esta realidad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional con el objetivo de endurecer las penas. La iniciativa contempla arrestos de hasta 30 días, multas y trabajos de utilidad pública, además de agravantes para casos de organización previa, violencia de género o actuación en eventos masivos. El proyecto también apunta a responsabilizar a clubes o promotores en caso de vínculos comprobados con esta actividad ilegal.

En contraste, María del Pilar Lernoud, quien fue candidata a legisladora por el MID, propone que el foco no solo debe estar en la penalización, sino en la regulación clara, mediante la creación de un registro formal para cuidacoches que permita diferenciar a quienes necesitan trabajar de quienes ejercen violencia o extorsión. Ambas posturas coinciden en un punto clave: el Código actual ya no da respuestas efectivas.

Las trabas legales y políticas detrás de la reforma

Para entender los desafíos jurídicos que enfrenta una reforma de esta magnitud, consultamos a la especialista Anna Vincenti, abogada especialista en derecho administrativo y con experiencia en la Legislatura porteña.

Vincenti explica que uno de los principales obstáculos legales es que, en el derecho penal y contravencional, las conductas que se sancionan deben estar tipificadas con precisión. En el caso de los "trapitos", no siempre la conducta implica una extorsión clara o amenaza comprobable, lo que dificulta sancionar efectivamente la actividad. Además, la prueba es un problema recurrente: si una persona recibe una amenaza en la vía pública, resulta muy difícil individualizar al responsable.

Desde una perspectiva garantista, algunas posturas consideran que impedir esta actividad podría afectar derechos como la libertad de trabajo y circulación, lo que añade otra capa de complejidad para el diseño normativo.

En cuanto al proceso legislativo, la abogada destaca que la reforma debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad, tras un análisis en comisiones y la votación de los distintos bloques políticos. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia, presidida por Martín Ocampo, legislador de la UCR, un espacio que no responde directamente al oficialismo de Jorge Macri (PRO). Esto representa un obstáculo político adicional: más allá del contenido del proyecto, el avance depende de consensos que trascienden el bloque del jefe de Gobierno. "Para conseguir cualquier modificación o aprobación de un proyecto, lo que se va a precisar son las mayorías. Si no las tiene el bloque que presenta la iniciativa, va a necesitar que otros partidos puedan aprobar y estar de acuerdo", aclara Vincenti.

Respecto al proyecto de Jorge Macri, Vincenti señala que, aunque el PRO no cuenta con mayoría propia, la inclusión de figuras novedosas como la prohibición de cercanía o concurrencia puede ayudar a ganar aceptación. Estas herramientas, que se aplican en normativas actuales como las de violencia de género, buscan prevenir conductas antes de que se conviertan en delitos.

Finalmente, la abogada advierte que aprobar la reforma es solo el primer paso, ya que en la práctica enfrenta obstáculos para su implementación efectiva. El sistema judicial puede limitar la aplicación de las sanciones o declarar inconstitucionalidades, lo que vuelve incierto el impacto real de la reforma en la calle.

Una vuelta de tuerca

En medio de las dificultades existentes que impiden llegar a un consenso legislativo para aprobar el proyecto y modificar el Código Contravencional, algunas propuestas comienzan a tomar fuerza como alternativas viables. Ideas que si bien no erradicarían a los cuidacoches, sí los organizarían. Tal como coincidieron dos de nuestras fuentes testimoniales, Juan Pablo Chiesa (abogado y excandidato a legislador porteño por el PRO) y María del Pilar Lernoud (candidata a legisladora porteña 2025 por el MID), una posible solución sería: ordenar y registrar la actividad de los Trapitos como un trabajo formal, regulado y sujeto a controles estatales.

"Tenemos que recordar que del otro lado puede haber gente que busca trabajar, pero su lugar no es la calle (…) Por eso, presentaría un proyecto para fomentar la cultura del trabajo para no derivar en la delincuencia. Se podría armar un proyecto en el que la Ciudad tenga un registro de cuidacoches en estacionamientos medidos habilitados por la misma Ciudad. Así estaríamos formalizando a esos trabajadores, sacándolos de las mafias que los lideran y dándoles una oportunidad a futuro", afirmó Lernoud.

"Tenemos que ayudar a quienes quieren salir adelante, y fomentar la cultura del trabajo. No cualquier trabajo: trabajo digno, trabajo que dé desarrollo. ¿Qué es lo mejor para eso? Formalizar para beneficio del mismo trabajador. El Estado puede brindar apoyo educativo para que se capaciten y salgan de la calle, e incluso puede incentivar a las PYMES y grandes empresas para poner puestos de trabajo", agregó la excandidata del MID.

Una propuesta que, aunque llamó la atención, fue similar a la de Juan Pablo Chiesa: "Lo que yo haría es un registro formal. Se puede fomentar por ejemplo a que, Trapitos de entre 18 a 65 años, que quieran ganarse unos mangos cuidando autos puedan inscribirse en sectores autorizados. Por ejemplo, en eventos como en los del Movistar Arena, se podría habilitar un cupo específico. Supongamos que se permite hasta 50 personas: esas 50 se anotan previamente, con delimitación clara de las cuadras donde pueden operar".

"El registro sería online, a través de la web del Gobierno, con nombre, apellido y DNI. Luego el Gobierno tendría que verificar a cada persona. Y el día del evento, se anotan según el cupo disponible. Ahora bien, también se definirían zonas prohibidas, como avenidas principales, donde no estaría permitido ejercer esta actividad. Y, por supuesto, todo estaría controlado por fuerzas de seguridad", comentó el abogado.

"Además, yo tipificaría el delito para poder actuar en caso de incumplimiento. Por ejemplo, si una persona cobra por encima de los parámetros permitidos o si se produce alguna situación violenta", concluyó Chiesa.

Una problemática sin solución a la vista

El problema de los Trapitos en la Ciudad de Buenos Aires sigue sin resolverse, a pesar de que existe una ley desde hace años. Las sanciones son muy leves y, aunque hay propuestas para cambiarlas, como la del jefe de Gobierno Jorge Macri, todavía no se logran los acuerdos necesarios para aprobarlas. Además, hay muchas trabas legales que dificultan castigar este tipo de situaciones, sobre todo cuando no hay pruebas claras de amenaza o extorsión.